Conforme a la información suministrada por el periodico digital SER, el Consell de Ibiza ha abierto expedientes sancionadores que rondan los 14 millones de euros en los dos últimos años por infracciones urbanísticas en suelo rústico protegido o pisos turísticos ilegales.
En los últimos meses ha existido un aumento exponencial tanto de los expedientes abiertos como de los procedimientos sancionadores, con porcentajes de hasta un 3.600% si se comparan las cifras con la pasada legislatura. En el año 2018 se abrieron siete expedientes de infracción urbanística por un importe de 120.000 euros.
En esta el Consell lleva recaudados 300.000 euros. Según se conoce, una vez que se abre un proceso de este tipo entran en juego aspectos como trasladar el caso a los tribunales por un posible delito que suspende el expediente sancionador, la solicitud de legalización a los Ayuntamientos, que tarda años en resolverse o el pago voluntario de infractores urbanísticos que acarrea un importante descuento, el año pasado fueron cinco las construcciones ilegales que se derribaron por parte de los propietarios.
Permisos de obra nueva
En ese balance, se destacan también los 176 permisos urbanísticos en suelo rústico en los dos últimos años otorgados por la CIOTUPHA, y de ellos 59 que han podido sortear la nueva legislación agraria.
Menos vallas ilegales
En la lucha contra las vallas ilegales, se han retirado ya 125, instaladas en suelo rústico. En ocho de los casos tras la imposición de multas coercitivas. Asimismo, se han desestimado 69 peticiones de legalización y se han aceptado otras ocho, según informa el diario Ser.
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