En los últimos meses, y sobretodo después de la pandemia que nos ha invadido, se ha desatado una cantidad de conflictos legales entorno a los alojamientos vacacionales, son varias las cadenas de manejo de alojamientos vacacionales que se han vuelto inmersas en conflictos por el supuesto manejo ilegal de propiedades vacacionales.
No solo ello, también en España, Francia y otros países de Europa, muchos de los gobiernos han sancionado masivamente a propietarios de viviendas, por no estar ajustados a lo dispuesto en la normativa que regula la materia. No hay duda que el negocio de convertir viviendas principales en arrendamientos vacacionales, sobre todo en temporadas, se está volviendo un boom, y el crecimiento de la hostelería contrario a lo que muchos piensan en vez de decrecer, crece constantemente.
Esto ha hecho que los legisladores de la Unión Europea están negociando sobre cómo regular el mercado de alquileres a corto plazo en toda la unión, preguntándose si es necesario un conjunto único de normas paneuropeas o algo más local para regular plataformas como Airbnb.Se busca, conforme ha indicado la Comisión, buscar un equilibrio entre el crecimiento exponencial que está teniendo el mercado y las legislaciones internas de cada país.
En un resumen de su intención para la próxima iniciativa de alquileres de corta duración (RTC), que se alimentará de las respuestas a la consulta pública, la Comisión escribe que su objetivo es «desarrollar un crecimiento responsable, justo y fiable de los alquileres de corta duración, como parte de un ecosistema turístico bien equilibrado», y «garantizar la igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios de alojamiento y responder a las numerosas peticiones de las partes interesadas de una acción a escala de la UE en este ámbito».
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